El caótico crecimiento inmobiliario en la zona costera del Estado está ocasionando serios problemas naturales, sociales, pero también económicos que se agudizan debido a la falta de ordenamiento y la ambición de quienes desarrollan vivienda de lujo.
Poblados pesqueros como Sisal, Celestún, Chuburná Puerto, Chelem, Santa Clara, San Crisanto y El Cuyo están padeciento condiciones críticas en zonas frágiles de dunas y manglares debido a los desarrollos inmobiliarios que se realizan lotificando y deforestando, pero también dañando áreas de anidación de especies protegidas y silvestres.
En reiteradas ocasiones ambientalistas e investigadores han señalado los problemas que se están gestando con el desbordamiento poblacional en Progreso, Telchac y Celestún donde el relleno de zonas de humedales y manglares está dañando seriamente la pesca y la caza de aves.
Las denuncias por construcciones ilegales, edificios y unidades habitacionales sobre áreas cenagozas y charcas de humedales está ocasionando la pérdida de especies, pero también un impacto directo a los puntos de conservación de aves y especies marinas que deshovan en estos puntos, muchos de ellos contaminados con desechos y desperdicios.
El desarrollo de infraestructura en la costa de Yucatán ha generado una transformación en su entorno natural, provocando la reducción de playas y el deterioro de ecosistemas fundamentales. Investigaciones recientes advierten que la construcción en zonas de dunas y manglares en localidades como Sisal, Chuburná y Telchac ha intensificado la erosión y aumentado la exposición de la región a fenómenos meteorológicos.
El desorden en el crecimiento está ocacionando la desaparición de dunas, zonas de vegetación y protección en la barrera del litoral, lo que representa un serio peligro ante posibles fenómenos climatológicos que repercutirán en daños económicos y sociales.
La alteración de estos ecosistemas ha propiciado que el nivel del agua de la franja costera disminuya progresivamente, afectando tanto la biodiversidad como las comunidades que dependen del turismo y la pesca.
A pesar de los esfuerzos por implementar medidas correctivas, con la instalación de geotubos y escolleras, los resultados han sido limitados debido a los cambios en la dinámica natural de la zona. La reducción de manglares también ha generado preocupación, pues estos hábitats ayudan a mitigar los efectos de tormentas y huracanes, fenómenos que en los últimos años han causado daños significativos en la región.
Datos recientes señalan que alrededor de 30 mil hectáreas de manglar han desaparecido, lo que ha impulsado diversas iniciativas de restauración. Grupos comunitarios han tomado un papel activo en la reforestación de estas áreas, organizando jornadas periódicas para contribuir a la recuperación del equilibrio ecológico.
Ante esta situación, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha programas de conservación en coordinación con organismos ambientales y la sociedad civil. Entre las acciones destaca la firma de un acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para reforzar la protección de los recursos naturales.
Además, se ha implementado un plan de saneamiento de playas y manglares en distintos municipios costeros, con el objetivo de frenar la degradación del ecosistema y garantizar su preservación a largo plazo.
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