ELECCIÓN DE MAGISTRADOS EN YUCATÁN, EN LA CANCHA DEL INE Y DEL EJECUTIVO ESTATAL

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán reconoció que no cuenta con los recursos suficientes para costear una eventual elección de diversos cargos del Poder Judicial local.

Según el presidente del organismo, Moisés Bates Aguilar, el presupuesto que se le asignó este 2025 es justo para sus operaciones, por lo que dejó en claro que sí se pretende realizar este proceso en el próximo mes de junio, tras la aprobación de la reforma en el Congreso local, se requerirá de recursos para cubrir diversos compromisos.

“Solo el convenio con el INE, estaríamos hablando entre 25 a 30 millones de pesos. Más el costo de boletas electorales, más el costo de material electoral, que serían urnas, mamparas”, explicó.

Precisó que también se requiere del acompañamiento del INE, quien organiza estos procesos y otorga documentación, credenciales y otros requisitos necesarios para su validez.

En cuanto al presupuesto, aseguró que será el Ejecutivo estatal quien tendrá que aportar el recurso para la organización del proceso, contratación de personal, formación de órganos distritales, renta de edificios y vehículos que se utilizarán, entre otros gastos.

Se remarcó que ya se está trazando la ruta presupuestal que se requeriría para la organización de la jornada electoral el 1 de junio, en la que se elegirían 9 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y otras 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, órgano que se creó con la reforma.

“Ya se hizo la solicitud de ampliación presupuestal correspondiente, con el Ejecutivo del Estado, y hemos tenido ya pláticas con la Secretaría de Gobierno, con finanzas, a efecto de ver qué posibilidades hay en cuanto a esto y estaremos en posibilidades de reunirnos nuevamente”, explicó.

Se reconoció que es viable realizar la organización del proceso, aunque se remarcó que todo dependerá del acuerdo que se tenga con el INE.

En ese tenor, se dejó en claro que el Consejo General del organismo federal será el que determinará si hay condiciones en el estado para que los ciudadanos elijan a sus juzgadores.