“EL INFONAVIT ANTE IRREGULARIDADES, DEUDORES E INVASORES”

* Francisco José Parra Lara.

“Se construirá un millón de viviendas y se entregará un millón de escrituras, con la finalidad de apoyar particularmente a poblaciones vulnerables como mujeres jefas de familia, jóvenes, población indígena y adultos mayores”. Esta declaración se le atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según la nota publicada en fecha 14 de octubre de 2024 por el portal de prensa de dicha presidencia. 

La, sin duda encomiable, intención de hacer factible el derecho constitucional de acceder a una vivienda digna y decorosa, vino a ser complementada con las reformas a la ley del Infonavit, aprobadas hace unos meses, donde destaca que dicho instituto construirá, al menos la mitad de esas viviendas, a través del Consejo de Administración, conformado con tres representantes del sector patronal, tres de los trabajadores y tres del gobierno, teniendo el director general -quien puede ser designado por la presidenta- el voto de calidad capaz de vetar las decisiones de dicho consejo.

Entre la intención y la legislación aún siguen en el aire las dudas y el recelo acerca de cómo se manejará el dinero que conforma el patrimonio del instituto pues, como este mismo reconoció, la “Subcuenta de Vivienda son recursos que tienes dentro del Infonavit que forman parte de tu patrimonio. Se conforma por las aportaciones que tus patrones (empleadores) generan mensualmente y entregan al instituto de forma bimestral, considerando el 5% de tu salario diario integrado.” 

De ahí que resulten fundadas las preocupaciones de mucha gente, pues dichos recursos no son, en su mayoría, públicos, sino que fueron o son aportados por los patrones a raíz del trabajo personal de sus empleados. Temor que se robustece por la declaración dada hace unos días por el director general, Octavio Romero Oropeza, cuando aseguró que dadas las “irregularidades” halladas en ese instituto, “el Infonavit ha presentado 150 denuncias ante la FGR y rescindió a 22 trabajadores por actos de corrupción”. 

Ahora, el actual tema candente relacionado con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es el de las oportunidades que se darían a los “invasores” de los predios, adquiridos o modificados a raíz de los créditos otorgados por el instituto; extremo que varias voces han aducido como la legalización del delito de despojo de bien inmueble, en perjuicio tanto del acreditado (trabajador beneficiado por el crédito), como de la entidad que administra el fondo de donde salen los recursos y, sobre todo, de los patrones y trabajadores que son los que sostienen, mayormente, al Infonavit.

Romero Oropeza, en aquella misma “mañanera del pueblo”, sostuvo que en México existen “843 mil viviendas (relacionadas con el Infonavit) que fueron identificadas con problemáticas”, siendo que “al 13 de junio, se han visitado 168 mil, lo que representa un avance del 20 por ciento y de las que, 145 mil están habitadas y 23 mil deshabitadas/vandalizadas”. Para matizar tal declaración, dicho director aseguró que “lo que queremos hacer, por instrucciones de la presidenta, es buscar regularizar a estas personas, que evidentemente no son derechohabientes pero que sí podrían recibir un arrendamiento con opción a compra para que se queden con las viviendas”.

Para aclarar aún más el panorama, es válido señalar que existen casos donde personas distintas a los trabajadores acreditados han adquirido de estos la propiedad de los bienes, la cual se encuentra gravada por la hipoteca que sobre aquellos fincó a su favor el Infonavit. A estos se les suele llamar “traspasos”, nombre que se le da a la transferencia, no reconocida formalmente por dicho instituto, del bien de interés social, sujeto a un crédito hipotecario, que un trabajador recibió del Infonavit y que decidió no seguir cubriendo, por lo que acordó traspasarlo a un tercero, generalmente por seguridad jurídica, previa escrituración pública de la compraventa de la vivienda con reconocimiento expreso de tal gravamen. 

En esos traspasos, si bien en muchos casos el nuevo propietario del predio no tendría la calidad de un trabajador con el derecho a adquirir una vivienda social, sí la tendría la persona anterior que le cedió el derecho real sobre el inmueble, con la obligación de por medio de que el crédito del Infonavit sea pagado en su totalidad. Ante esta perspectiva, no habría afectación al patrimonio del trabajador vendedor ni de la institución social que le dio a aquel el crédito hipotecario para adquirir la casa si el nuevo propietario salda el respectivo crédito en su totalidad, pudiendo así disfrutar, a plenitud, del inmueble.

Cosa distinta es cuando la vivienda no está siendo habitada o cubierta en su deuda hipotecaria. No es poco común que el original acreditado, persona trabajadora, abandone o bien nunca llegue a habitar personalmente la casa, pues pudiera ser, como reconoció el propio director general en abstracto, no le gustó el lugar (por su lejanía, por ejemplo), o bien por la carencia de servicios básicos; sin dejar de lado los muchos casos donde los predios están deshabitados porque se hallan “intestados”. También es frecuente que el trabajador pierda su empleo o, aun teniéndolo, no pueda o no le convenga seguir pagándola. 

En esos asuntos, encuentra lógica el reclamo acerca de que, antes de beneficiar a los que, sin autorización del poseedor jurídico original, es decir del trabajador que obtuvo el bien a raíz de una hipoteca, se facilite a un delincuente (el “invasor”) dándole facilidades para, primero, pagar una renta periódica por ella, y luego obtener su propiedad formal. Tema controvertido al que se une lo que dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, respecto a que “se respetará la propiedad privada”, se entiende de los trabajadores acreditados por el Infonavit que de él hubieran obtenido el predio, siempre y cuando, dio a entender la alta funcionaria federal, los afectados prueben que “levantaron denuncia por despojo” en contra de quienes ocupen su bien inmueble.              

Así, el gobierno federal ignoraría la desconfianza y tardanza que representa el que la víctima de un delito tenga que acudir ante el ministerio público, no solo para denunciar dicho injusto, sino para obtener la copia certificada de tal actuación para satisfacer la exigencia del Infonavit, en vez de que este gran ente administrativo sea quien se aboque a identificar a quienes ocupen las viviendas y les exija que acrediten que la habitan legalmente. Por ende, razón tienen los que dicen que el enfoque en que el Infonavit abordó tal asunto es propenso a facilitar que sigan cometiéndose esos ilícitos, pues en nada ayuda a disuadir ese fenómeno que el caso de “la abuela Carlota” nos recuerda con crudeza.

La automatización que tiene el Infonavit de su sistema de operación, que es o debiera ser un hecho notorio, lleva a pensar que es fácil y sencillo detectar el impago de las mensualidades de tales créditos hipotecarios; por tanto, cuando se junten varios pagos sin cubrir, puede proceder a investigar in situ en la vivienda en cuestión antes de determinar, lo conducente, para proceder legalmente. 

Conclusión: No es que se menosprecie que en México existan varios millones de personas sin hogar, pero solucionar esta carencia, como lo pretendería el Infonavit, no solo no sería claramente lícito, sino que perjudicaría la propiedad como el dinero privados de terceros. En esta lógica, también cobran realce las críticas sobre el hecho de que se procure beneficiar a los acreditados morosos que dejaron de esforzarse, como lo hacen cientos de miles de trabajadores, a efecto de pagar, a tiempo y debidamente, sus créditos hipotecarios. Ciertamente, nada nuevo en el país, pues desde hace mucho tiempo así se suele ayudar a los que no cubren sus impuestos, sus placas vehiculares y demás obligaciones ciudadanas, tratándose mejor a los incumplidos que a los cumplidos. 

Políticas del bienestar, las de flexibilizar la adquisición de viviendas de interés social, que en los últimos meses han suscitado mucha polémica en la sociedad, incluida la iniciativa privada en su carácter de patrones que ven cómo se pone en (mucho) riesgo sus recursos aportados al Infonavit. Clima de zozobra al que se une la poca información de las causas penales y administrativas enderezadas para sancionar a los dirigentes, empleados y terceros, relacionados con dicho instituto, que han afectado tanto a los recursos administrados por este como a la aspiración de la clase trabajadora de acceder a una vivienda digna y decorosa.  

* Doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Guanajuato.