Cerca de 100 ejidatarios de Muxupip se manifestaron frente a las oficinas del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, para denunciar las supuestas arbitrariedades cometidas por el enlace de esta dependencia, Pablo Efrén Duarte Sánchez, a quien tildaron de “corrupto”.
A partir de las 9 horas, los inconformes se apostaron frente al inmueble para exigir la destitución del funcionario federal, y con pancartas dieron a conocer los diversos atropellos que le atribuyen.
El comisario electo de ese ejido, Santos Blas Martín Mex, afirmó que Duarte Sánchez se niega a reconocer su triunfo en los pasados comicios para elegir a la nueva autoridad de ese núcleo agrario.
El funcionario federal reconoce a Gaspar Noh Canché, candidato perdedor del proceso electoral, quien “es el que promueve la venta de las tierras de Muxupip”.
Los manifestantes afirmaron que impedirán el despojo 568 hectáreas de tierras que fueron vendidas sin aval de los legítimos propietarios.
En entrevista, el ejidatario Rafael Araujo Domínguez aseveró que Duarte Sánchez expidió 75 títulos de propiedad sin consentimiento de la mayoría y con la complacencia del ex comisariado ejidal integrado por Manuel Aké, Arcadio Concha y Cristóbal Bote.
Solicitó la anulación de los acuerdos de enajenación, y por ende, les devuelvan sus predios al mismo tiempo que les otorguen los respectivos documentos.
Al mismo tiempo, recomendaron a Duarte Sánchez a que reconozca al nuevo comisario ejidal, quien “tiene respaldo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034”.
Lamentó la actitud del funcionario federal, pues “Pablo Duarte no quiere dar la cara, ya que está dispuesto a proteger a los especuladores de tierras”.
Araujo Domínguez aseveró que el candidato a comisario perdedor, Noh Canché, promovió la venta de las tierras de Muxupip a tres pesos el metro cuadrado, con lo que beneficia a grupos empresariales que especulan con el patrimonio de los ejidatarios.
Al unísono, los ejidatarios tildaban a Duarte Sánchez de “¡corrupto!”, al mismo tiempo exigían su renuncia.
Incluso, solicitaron la intervención del delegado general de programa sociales del gobierno federal, Joaquín Díaz Mena, para solicitar la destitución del funcionario federal.
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