Despiden a funcionarios federales por supuesta complicidad con la llamada “mafia inmobiliaria”

Al presuntamente demostrarse que laboraban de manera ilegal a favor de la red de despojadores de terrenos y la mafia inmobiliaria, dos funcionarios federales y cinco comisarios ejidales fueron removidos de sus cargos, afirmó el coordinador de la comisión ejecutiva de la Coordinadora de Ejidos y Comunidades del Estado de Yucatán, José Ignacio Ley Ku.

Remarcó que se removió al residente de la Procuraduría Agraria (PA), Willy Lozada, quien al aprovechar que era el encargado de los licitadores agrarios, les ordenaba a que le dieran “facilidades al sector empresarial”, en detrimento de los ejidatarios.
Caso similar ocurrió con la visitadora Kenia Chacón, quien fue trasladada a otra institución, tras demostrar los nexos de corrupción.
Aseveró que al asesorar a ejidatarios, estos optaron por destituir a su comisario ejidal, por enriquecimiento ilícito al laborar en perjuicio de los propietarios de tierras.
Por ende, Jorge Moo dejó de fungir como comisario de Umán, y la misma suerte tuvo el de Tixcacal-Opichén, Yaxnic, Huhí y Suma, e incluso, está en proceso el caso de Ek’Balam.
En conferencia de prensa aseveró que son numerosos los empresarios y ex políticos forman parte de la red de despojadores de terrenos, quienes tienen un vínculo directo con la mafia inmobiliaria.
Los integrantes de la ilícita asociación tienen vínculos con funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN), y el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 034, por lo que en contubernio se aprovecha de los ejidatarios, pero “se acabó su mina de oro, ya estamos organizados para defendernos y para proteger loque es nuestro”.
La red de despojadores de terrenos compra las tierras y las revenden a un mayor precio, obteniendo una millonaria ganancia, por lo que buscan los sitios más estratégicos.
Comentó que la Coordinadora se estableció el 16 de octubre de 2022, en Chocholá, y actualmente tiene agremiado a poco más de 300 de los 738 ejidatarios que conforman el Estado, es decir, a poco más del 40 por ciento.
Remarcó que cuentan con contadores y abogados, además se preparan para hacer valer lo que les pertenece, motivo por el cual “vamos a evitar los despojos del sector empresarial y de los funcionarios federales”.
Incluso, se busca formar una coordinaría regional, por lo que se está en plática con los 238 ejidatarios de Campeche, para luego dialogar con los de Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.